Guía

Disolución por pérdidas y responsabilidad del administrador

Una sociedad de capital está en causa de disolución cuando las pérdidas dejan su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. La excepción es que proceda solicitar el concurso (artículo 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital). Desde ese momento, el administrador tiene dos meses para actuar. Si no lo hace, responde de las deudas posteriores.

No hace falta llegar a un patrimonio neto negativo. La obligación aparece bastante antes. Todavía hay margen para corregir la situación.

Autor: Eliseo Quintanilla Ripoll

Pintura en trampantojo: tablero de cintas rojas con un periódico, un almanaque, una partitura, una pluma y una carta lacrada
Edwaert Collier, trampantojo con periódico, almanaque y partitura, 1704. Schwerin. Obra de dominio público

¿Cuándo el patrimonio neto negativo es causa de disolución?

Lo es, y la causa nace antes: cuando las pérdidas reducen el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Un patrimonio neto negativo está, por definición, por debajo de ese umbral. La excepción es la insolvencia. Si la sociedad no puede pagar, lo que procede es el concurso de acreedores, no la disolución (artículo 363.1.e).

La propia norma señala la salida: aumentar o reducir el capital en la medida suficiente. Si no se hace, la sociedad debe disolverse. Si es insolvente, debe solicitar el concurso.

¿Qué cuenta como patrimonio neto a efectos de disolución?

El que resulta de las cuentas anuales, con los ajustes del artículo 36.1.c del Código de Comercio. Se suma el capital suscrito no exigido y el capital registrado como pasivo. No se computan ciertos ajustes por coberturas de flujos de efectivo. Además, los préstamos participativos cuentan como patrimonio neto a estos efectos (artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996).

El patrimonio neto es la parte de los activos que queda tras deducir todos los pasivos. Incluye las aportaciones de los socios que no tengan la consideración de pasivo (artículo 36.1.c del Código de Comercio).

La diferencia práctica está en el dinero de los socios. Un préstamo ordinario, que la sociedad tiene que devolver, es pasivo. No mejora la cifra. Una aportación sin derecho a devolución, o un préstamo participativo, sí la mejora.

Si su empresa ya está en esa situación, en preconcurso, planes de reestructuración y PREPACK explicamos las alternativas antes de llegar al concurso.

¿Cuentan ya las pérdidas de 2020 y 2021?

Sí. La Ley 3/2020 permitió no tomar en consideración las pérdidas de 2020 y 2021, solo a efectos de esta causa de disolución. La exclusión duraba hasta el cierre del ejercicio que se iniciara en 2024 (artículo 13, en la redacción del Real Decreto-ley 20/2022). Superado ese cierre, dejó de aplicarse. Esas pérdidas vuelven a computar.

La moratoria nunca afectó al deber de solicitar el concurso (artículo 13.2 de la misma ley). Si la sociedad esperó amparada en ella, hay que revisar el último ejercicio cerrado con todas las pérdidas incluidas.

¿Qué plazos tiene el administrador ante una causa de disolución?

Dos meses para convocar la junta general desde que concurre la causa, para que acuerde la disolución o las medidas que la eliminen (artículo 365 LSC). Si la junta no se celebra o no adopta ese acuerdo, hay otros dos meses. En ese plazo debe solicitar la disolución judicial ante el juez de lo mercantil (artículo 366).

El recorrido completo tiene tres pasos:

  1. Convocar la junta en los dos meses siguientes a la causa. Cualquier socio puede pedir esa convocatoria (artículo 365.1).
  2. Acordar en junta la disolución o, si figura en el orden del día, las medidas para eliminar la causa (artículo 365.2).
  3. Pedir la disolución judicial en dos meses si la junta no se constituye o el acuerdo es contrario a la disolución (artículo 366.2).

Hay una excepción. No hace falta convocar la junta si el administrador ya ha solicitado el concurso o ha comunicado al juzgado negociaciones para un plan de reestructuración. En ese caso, los dos meses empiezan cuando la comunicación deja de producir efectos (artículo 365.3).

¿Disolución o concurso de acreedores?

Depende de si la sociedad puede pagar. Si no puede cumplir con regularidad sus obligaciones exigibles, está en insolvencia actual (artículo 2.3 del texto refundido de la Ley Concursal). Entonces debe solicitar el concurso en los dos meses siguientes a conocerla (artículo 5). Si puede pagar, aunque tenga pérdidas, la vía es la disolución o eliminar la causa.

Las dos situaciones pueden coincidir. En ese caso prevalece el concurso. La causa de disolución solo opera cuando no procede solicitarlo (artículo 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital).

Dejar pasar ese plazo tiene su propia consecuencia. El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario (artículo 444.1.º). Si se abre la liquidación, el juez puede condenar a los administradores a cubrir total o parcialmente el déficit (artículo 456). Cómo se prepara el procedimiento lo explicamos en concurso de acreedores para empresas.

¿De qué deudas responde el administrador que no actúa a tiempo?

De las obligaciones sociales posteriores a la causa de disolución, de forma solidaria (artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital). Por esta vía no responde de las anteriores. Pero la ley presume, salvo prueba en contrario, que las deudas reclamadas judicialmente son posteriores a la causa (artículo 367.2). Al administrador le toca probar la fecha.

Queda a salvo quien, dentro de esos dos meses, comunicó al juzgado negociaciones con los acreedores o solicitó el concurso (artículo 367.3). Si el plan de reestructuración no se alcanza, el plazo se reanuda. Cuenta desde que la comunicación deja de producir efectos.

Hacienda tiene, además, sus propias vías. La Ley General Tributaria declara responsables subsidiarios a los administradores de sociedades que cesan en su actividad con obligaciones tributarias pendientes, si no hicieron lo necesario para pagarlas (artículo 43.1.b). También a los de sociedades que cometieron infracciones tributarias, en los términos del artículo 43.1.a.

¿Cómo se elimina la causa de disolución?

Restableciendo la proporción entre patrimonio neto y capital. La Ley de Sociedades de Capital prevé aumentar o reducir el capital en la medida suficiente (artículo 363.1.e). También puede reforzarse el patrimonio neto con aportaciones de socios que no deban devolverse. O instrumentando su financiación como préstamo participativo, que computa como patrimonio neto a estos efectos.

Cada medida tiene que acordarse en junta y reflejarse en las cuentas. Una reducción de capital no aporta dinero. Solo ajusta la cifra de referencia.

Si además la sociedad no puede pagar, ninguna de estas medidas sustituye al concurso.

¿Qué cambia si la sociedad ya está en concurso?

Las reclamaciones de acreedores contra los administradores por el artículo 367 quedan paralizadas. Desde la declaración de concurso, los jueces de lo mercantil no admiten nuevas demandas de ese tipo (artículo 136.1.2.º del texto refundido de la Ley Concursal). Las ya iniciadas quedan suspendidas hasta la eficacia del convenio o la conclusión del concurso (artículo 139.1).

La responsabilidad del administrador se decide entonces en la sección de calificación. Si el concurso se califica culpable y se abre la liquidación, puede ser condenado a cubrir el déficit. Lo será en la medida en que su conducta generó o agravó la insolvencia (artículo 456).

La fecha que lo decide casi todo

En estos asuntos la pregunta clave es una fecha: desde cuándo existe la causa de disolución o la insolvencia. De ella depende de qué deudas responde el administrador y si el concurso se presume culpable. Esa fecha sale de la contabilidad.

En QA Corporate esa reconstrucción la hacen economistas y auditores junto con los abogados. Seguimos la evolución del patrimonio neto y de los impagos mes a mes antes de recomendar disolución, reestructuración o concurso. Si la empresa ya no tiene actividad ni bienes, lea también cómo cerrar una empresa con deudas.

FAQ

Preguntas que nos hacen

¿Qué es la causa de disolución por pérdidas?

Es la situación de una sociedad de capital cuyas pérdidas han dejado el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. La sociedad debe disolverse, salvo que aumente o reduzca el capital en la medida suficiente, y siempre que no proceda solicitar el concurso de acreedores (artículo 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital).

¿Qué debe hacer el administrador si el patrimonio neto es negativo?

Primero, comprobar si la sociedad puede pagar sus deudas exigibles. Si no puede, está en insolvencia y debe solicitar el concurso en dos meses (artículo 5 del texto refundido de la Ley Concursal). Si puede pagar, tiene dos meses para convocar la junta que acuerde la disolución o elimine la causa (artículo 365 LSC).

¿Responde el administrador de las deudas anteriores a la causa de disolución?

Por el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, no: la responsabilidad solidaria alcanza a las obligaciones sociales posteriores a la causa. Pero la ley presume, salvo prueba en contrario, que las deudas reclamadas judicialmente son posteriores. Otras vías, como la calificación culpable del concurso, pueden alcanzar a deudas anteriores.

¿Los préstamos de los socios cuentan como patrimonio neto?

Los préstamos participativos, sí: se consideran patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades (artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996). Un préstamo ordinario que la sociedad debe devolver es pasivo. Las aportaciones de socios sin derecho a devolución forman parte del patrimonio neto (artículo 36 del Código de Comercio).

¿Puede un socio pedir la disolución de la sociedad?

Sí. Cualquier socio puede pedir a los administradores que convoquen la junta si considera que existe causa de disolución (artículo 365.1 de la Ley de Sociedades de Capital). Si la junta no se convoca, no se celebra o no adopta el acuerdo, cualquier interesado puede solicitar la disolución al juez de lo mercantil del domicilio social (artículo 366.1).

¿Siguen sin contar las pérdidas de 2020 y 2021?

No. La Ley 3/2020 excluyó esas pérdidas, solo a efectos de esta causa de disolución, hasta el cierre del ejercicio que se iniciara en 2024 (artículo 13, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2022). Esa exclusión ya no se aplica. Además, nunca afectó al deber de solicitar el concurso.

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